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En esta entrada vamos a tratar el tema del déficit público, un interesante asunto que nos atañe a todos. Explicaremos en qué consiste, cómo se puede evitar y, sobre todo, qué tipo de medidas aplicar para reducirlo.
A grandes rasgos, es una situación financiera en la cual el Gobierno de un país gasta más dinero del que recibe durante un período determinado. No obstante, este desequilibrio puede ocurrir a nivel nacional, estatal o local, dependiendo del ámbito gubernamental que se esté considerando.
El déficit público se genera por diversas razones, entre las que se incluyen situaciones de crisis económica que reducen los ingresos fiscales o decisiones políticas que aumentan el gasto público para estimular la economía.
Asimismo, otras causas destacables son la atención de necesidades sociales urgentes y la existencia de estructuras fiscales ineficientes que no generan suficientes aportes para cubrir los gastos oficiales.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el déficit no se refiere únicamente al saldo negativo en un año fiscal específico, sino que se puede acumular a lo largo del tiempo y generar una peligrosa pérdida pública.
La política monetaria es una herramienta clave para disminuir el diferencial y, al unísono, mantener la estabilidad económica. Es más, implica medidas para el control de los niveles de gasto e ingresos del Gobierno sobre cuatro parámetros básicos:
Hay varias estrategias para evitar el déficit. La principal conlleva la regulación de la oferta de dinero y las tasas de interés por parte de la autoridad monetaria (generalmente el banco central). Esto contribuye a alcanzar objetivos y, a la vez, controlar variables clave como la inflación.
Por ejemplo, el Banco de España, puede controlar la cantidad de dinero en circulación mediante la compra y venta de activos en el mercado abierto, fijar los requisitos de reservas y regular la oferta de crédito. Hay que tener en cuenta que la expansión estimula la actividad económica y el gasto, mientras que una contracción puede ayudar a frenar la inflación y controlar el endeudamiento público.
Estas medidas, que pueden ser implementadas de manera coordinada y complementaria, optimizan la gestión. Sin embargo, es importante considerar el contexto económico, social y político de cada país, así como evaluar sus posibles impactos en la equidad, la eficiencia y el progreso financiero a largo plazo.
A lo largo de la historia económica son muchos los países que han implementado medidas para reducir su déficit. Estos son algunos casos destacados.
En la década de 1990, este territorio nórdico llevo a cabo una ambiciosa reforma para abordar un gran desafío: el envejecimiento de la población y el pago de las jubilaciones. Desde entonces, existe un sistema de capitalización individual por parte de los trabajadores a favor de las pensiones privadas. Esta medida redujo la presión sobre el sistema público y garantizó la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.
También a principios de la década de 1990, Canadá se enfrentaba una grave crisis de endeudamiento. En respuesta, el Gobierno implementó un programa que incluyó recortes, aumentos de impuestos y reformas en áreas tan sensibles para la ciudadanía como el sistema de salud.
En este país las medidas fueron realmente drásticas. En los años 80, con un Gobierno de centro-izquierda, se privatizaron empresas estatales, se liberalizó el comercio y hubo una desregularización integral de la economía. Hoy, si excluimos a Hong Kong y a Singapur, Nueva Zelanda es el paradigma del capitalismo más liberal en todo el mundo.
A principios de este siglo, Alemania todavía afrontaba presiones fiscales debido a la unificación del país. Para abordar su déficit, el Gobierno puso en práctica en 2007 una reforma fiscal caracterizada por un aumento notable del IVA y por la introducción de un elevado impuesto especial para contribuyentes con altos ingresos.
En nuestro caso no solo hay que reducir el diferencial actual, sino intentar afianzar el crecimiento económico. Para lograrlo, se han propuesto políticas que estimulen la inversión, fomenten la innovación y mejoren la competitividad. Estas medidas buscan promover la creación de empleo, apoyar a las pymes y favorecer la internacionalización de la economía. En suma, se trata de un conjunto de actuaciones cuya intención es lograr la consolidación fiscal a nivel nacional. Entre todas ellas, destacan estas tres:
Por último, conviene mencionar el propósito que plantean desde Moncloa. En la actualidad, la estrategia del Gobierno tiene una meta claramente definida: alcanzar un déficit del 2 % del PIB. Una estimación cuyo objetivo es garantizar la estabilidad financiera y fiscal a largo plazo.
En el camino hacia ese horizonte, España sigue reduciendo a buen ritmo y de forma constante la ratio máxima deuda/PIB que se dio durante la pandemia. Desde entonces, la bajada es del 17,6 %, un porcentaje superior al previsto, lo que manifiesta al menos un compromiso oficial con la gestión eficiente de los recursos públicos. Una responsabilidad que, al igual que la nuestra, el Banco Cooperativo Español, es compatible con diferentes medidas de apoyo a las familias y empresas. Consúltanos y te informamos.